La huida de Puigdemont y la reunión de Junqueras en el Parlament clave para que se les pida prisión

El viaje del ex president Carles Puigdemont a Bruselas junto a siete consejeros cesados y la reunión del ex vicepresident Oriol Junqueras en el Parlament junto a otros cuatro ex consejeros de la Generalitat de Cataluña serán claves para el posible encarcelamiento de los miembros del Govern.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado este jueves a las 9.00 horas a Puigdemont y a los 13 ex consejeros del Govern tras admitir a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado que les acusa de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

La juez decidirá la adopción de medidas cautelares urgentes teniendo como base la gravedad de los delitos que se les imputan, así como la posible «destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la reiteración delictiva». Todos estos supuestos están contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los consejeros que han acompañado a Puigdemont en Bruselas son Dolors Bassa (Trabajo), Clara Ponsatí (Enseñanza), Antoni Comín (Salud), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura) . El ex presidente catalán llegó en coche a la ciudad francesa de Marsella desde Barcelona y allí cogió el avión que le llevó a la capital belga.

En las últimas horas, algunos de los consejeros han regresado a España y previsiblemente se presenten en la Audiencia, pero su viaje injustificado a la capital belga les acerca a prisión por el palpable riesgo de fuga, del que encima han hecho ostentación en las horas previas a su declaración mostrando su capacidad para moverse fuera de España.

La Fiscalía General del Estado ya indicaba en su querella presentada ante la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus consejeros la necesidad de adoptar “medidas cautelares” y la “citación urgente de los querellados”. De hecho, la propia juez Lamela imponía este martes una de las exigencias del Ministerio Público solicitando a los querellados una fianza solidaria de 6,2 millones para ser despositada antes de 3 días.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que pese a la petición de prisión de la Fiscalía, el futuro procesal de todos los querellados «dependerá en gran medida de su declaración o no declaración ante el juez y de las pruebas incriminatorias que pesen contra cada uno de ellos». También será clave «la disponibilidad y colaboración» que muestren. «En ningún caso se adoptarán medidas cautelares colectivamente, se analizará individualmente como debe ser, caso a caso», concluyen.

Mención aparte merece el caso de Puigdemont, que en las últimas horas ha intentado permanecer en Bruselas para declarar por videoconferencia, una fórmula inválida, ya que se requiere su presencia física en la Audiencia Nacional para decidir su futuro procesal inmediato.

Los ‘ministros’ de la República catalana

También es muy complicada la situación de los cuatro consejeros cesados que se reunieron con Oriol Junqueras en el Parlament ejerciendo de Govern de la ‘república catalana’ y desafiando al Estado. Este segundo grupo está compuesto por el propio Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia) y Raül Romeva (Asuntos Internacionales).

Estos dirigentes escenificaban así la primera supuesta reunión pública del Govern, desde que el viernes pasado fuera cesado en bloque por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En su caso, no han abandonado el territorio español, pero el encuentro en el Parlament puede argumentar la reiteración delictiva.

Por su parte, el instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también ha citado este jueves a las 9:30 a la presidenta cesada del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa.

En este sentido, las fuentes jurídicas recuerdan que el Alto Tribunal es «más garantista». Ante él deberán comparecer la propia Forcadell y los integrantes de la Mesa compuesta por el presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, Lluís Corominas; el vicepresidente primero, Lluis Guinó; la secretaria primera, Anna Simó; la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de la Mesa.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que la prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando conste en la causa “la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión o que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión”.

También contempla la solicitud de prisión preventiva cuando se persiga “asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga”, “evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento” o “evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima”.

Además, podrá acordarse la prisión para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos: “Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer”.